La aplicación de los principios constitucionales que rigen oposiciones y concursos (publicidad, igualdad, mérito y capacidad) ha generado tensiones entre autoridades, tribunales calificadores, sindicatos y aspirantes que han propiciado errores, irregularidades e incluso perversiones. La última década ha experimentado una valiente expansión del control jurisdiccional encabezado por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que ha velado por la igualdad, imparcialidad y la sana competitividad, para lo cual ha recortado con firmeza la todopoderosa discrecionalidad técnica, esto es, la clásica facultad de los tribunales calificadores para valorar con casi soberano criterio méritos y capacidades. Los criterios jurisprudenciales de control, sistematizados y actualizados, son expuestos en esta obra en cuatro bloques. La primera parte aborda la vertiente organizativa: marco legal, ofertas de empleo, relaciones de puestos de trabajo y tribunales calificadores. La segunda parte se ocupa de la valoración del mérito y la capacidad: elementos reglados...
